La viabilidad del sistema público de pensiones en España enfrenta un escenario cada vez más complejo. Diversos especialistas en economía advierten que, sin reformas profundas, el modelo actual podría colapsar en las próximas décadas debido al envejecimiento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y una natalidad históricamente baja.
Luis Garvía, economista que participó recientemente en el programa «Y ahora Sonsoles» de Antena 3, expresó con claridad: «Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años, según cálculos matemáticos, para que salieran las cuentas». Su afirmación se basa en el notable incremento de la esperanza de vida, que ha pasado de 74 a 84 años en apenas dos décadas, lo que alarga considerablemente el período de cobro de las pensiones.
Una ecuación demográfica insostenible
El problema de fondo radica en la evolución de la relación entre contribuyentes y beneficiarios del sistema. Hace 20 años, cinco trabajadores activos cotizaban por cada jubilado. En la actualidad, esa cifra ha descendido hasta 2,3 trabajadores por pensionista. Las proyecciones son aún más preocupantes: se estima que para 2050, esa proporción caerá a tan solo 1,5 cotizantes por cada perceptor de pensión.
Este desequilibrio se ve agravado por la baja tasa de natalidad española, una de las más reducidas de Europa, que impide la renovación generacional de la fuerza laboral. La combinación de menos nacimientos y mayor longevidad genera una pirámide poblacional invertida, donde cada vez más personas mayores dependen de un número menor de trabajadores en activo.
Advertencias institucionales sobre la sostenibilidad
Las alertas no proceden únicamente de economistas individuales. Organismos oficiales y organismos internacionales también han expresado su preocupación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha señalado categóricamente que la sostenibilidad del sistema «no ha mejorado» pese a las últimas reformas implementadas. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a adoptar medidas adicionales para garantizar la estabilidad del modelo a largo plazo.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) califica la situación actual como de «inestabilidad estructural» y reclama ajustes significativos. El déficit del sistema de pensiones ya alcanza los 65.000 millones de euros, una cifra que requiere constantes transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado para mantener los pagos mensuales a los jubilados.
Las propuestas de los economistas: más allá de los 70 años
Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, coincide en la necesidad de retrasar la edad de jubilación, aunque sitúa el umbral en los 70 años. Bernardos argumenta que las pensiones españolas son «muy generosas», ya que el jubilado percibe como primera pensión un 83% neto de su último salario. «Preparaos para lo que viene», advirtió el economista, quien considera que jubilarse más tarde es inevitable para equilibrar las cuentas públicas.
Óscar García, otro economista consultado en el podcast «La fórmula del éxito», explicó que el sistema no ha colapsado hasta ahora porque «lo van corrigiendo recortando las pensiones de los futuros pensionistas». Como ejemplo, citó el incremento gradual de los años de cotización necesarios para acceder al 100% de la pensión: de los 37 años actuales, se pasará a exigir 42 años. García apoya abiertamente el retraso de la edad de jubilación y plantea una pregunta provocadora: «Si llegamos a esperanzas de vida de 120 años, ¿cómo los vas a jubilar a los 60 años?»
Contexto europeo y comparativa internacional
La propuesta de elevar la edad de jubilación no es exclusiva de España. Varios países europeos ya han adoptado o están debatiendo medidas similares. En Países Bajos, por ejemplo, la edad de jubilación está vinculada a la esperanza de vida y se va ajustando automáticamente. Otros Estados miembros de la Unión Europea han introducido penalizaciones por jubilación anticipada o incentivos para quienes permanecen en el mercado laboral más allá de la edad ordinaria.
El debate plantea, además, cuestiones sobre la equidad generacional. Los trabajadores más jóvenes, que ya enfrentan condiciones laborales más precarias y trayectorias profesionales menos lineales, serán quienes soporten el peso de estas reformas. Por ello, algunos expertos sugieren complementar el retraso de la jubilación con medidas que fortalezcan el empleo de calidad, fomenten la natalidad y diversifiquen las fuentes de financiación del sistema.
En clave: Por qué importa
Este debate trasciende lo puramente técnico o contable: define el modelo de sociedad que España tendrá en las próximas décadas. El envejecimiento demográfico es una realidad ineludible, y las soluciones no pueden postergarse indefinidamente. Retrasar la edad de jubilación puede ser una medida necesaria, pero debe acompañarse de políticas que garanticen empleos dignos para personas mayores, mejoren la salud laboral y ofrezcan alternativas para quienes no puedan prolongar su vida activa.
Ignorar las advertencias de organismos nacionales e internacionales supondría trasladar la carga del ajuste a las generaciones futuras, comprometiendo tanto la estabilidad económica como el pacto social intergeneracional. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuándo y cómo se implementarán para que sean justos y sostenibles.
